lunes, noviembre 21, 2005

IMPACTOS DEL AFTA (ANDEAN FREE TRADE AGREEMENT) EN EL SECTOR AGROPECUARIO. CASO COLOMBIA

Aurelio Suárez Montoya, Washington, noviembre 10 de 2005
Pronunciado en FORO realizado en el edifico Rayborn del Congreso de los Estados Unidos el 10 de noviembre de 2005, auspiciado por la representante demócrata de Illinois – Jan Schakovsky.

Panorama de la agricultura colombiana

La población rural de Colombia es de doce millones de habitantes, más de ¼ de la población total. Según el Ministerio de Agricultura, en 2004, siete de cada diez de estos habitantes se encuentran por debajo de la línea de pobreza, más del doble que en 1992, según lo registró entonces el Banco Mundial. Actualmente, en el campo colombiano se aprovechan 50 millones de hectáreas y se pueden diferenciar tres grandes sectores productivos: el sector que produce especialmente para el mercado interno (arroz, maíz, soya, cereales en general, papa, fríjol y otras leguminosas, algodón, panela, frutas y algo de aceite de palma), el sector dedicado con prioridad a las exportaciones (cultivos tropicales permanentes, como banano, café, plátano, azúcar, flores y algunas frutas tropicales) y el sector pecuario (principalmente de ganado de carne y leche, avicultura y porcicultura). Entre 1991 y 2001, el PIB agropecuario anual creció en promedio 1,25%. Los campesinos e indígenas participan con el 67% de la tierra cultivada en productos agrícolas.

El total de la tierra con vocación agrícola es de 14 millones de hectáreas, de las cuales se están explotando sólo algo más de 5 millones. En sentido contrario, la ganadería, que representa hoy el 43,5% de la producción agropecuaria, ocupa 40 millones de hectáreas, sobrepasando por más de 20 millones la cantidad de tierra clasificada con este uso potencial. Otros 5 millones están en bosques.

Los cultivos tropicales, incluyendo el café, son el 40% del PIB agropecuario y el resto (16,5%) lo completan los cultivos dedicados al abastecimiento del mercado nacional. Antes de 1990, previamente a la liberalización de la economía, la ganadería era tan sólo el 33% de la producción rural total, los cultivos tropicales para exportación representaban el 41, 5% y los proveedores de alimentos y productos agrícolas para el mercado colombiano eran el 24,5%. Lo perdido en cultivos semestrales, casi un millón de hectáreas, se trasladó en una buena proporción a la ganadería. Los géneros tropicales, a pesar de la caída del café en más de 300.000 hectáreas, mantuvieron su participación en el PIB debido al crecimiento en cultivos de palma africana y caña de azúcar.

Aunque quienes poseen ganado son varios centenares de miles de propietarios y el tamaño promedio del hato es de 10 reses, las mayores y casi las mejores extensiones de tierra, las del 1% de los ganaderos con hatos de más de 500 ejemplares, se han destinado a la cría y engorde de ganado, a ganadería no especializada. La producción de bienes exportables como flores, azúcar y banano, exceptuando el café, está controlada por grandes propietarios, grupos empresariales o empresas internacionales, algunas de las cuales también administran el comercio de esas exportaciones. La producción de cereales, oleaginosas y alimentos en general reposa en pequeños y medianos productores. Este arreglo productivo está asociado a una desigual distribución de la tierra en Colombia, la cual ha sido una constante en la historia del país; y, desde la apertura de la economía se volvió aún peor. Cálculos prediales recientes estiman que los dueños de más de 500 hectáreas, que son el 0,6% de los propietarios, poseen el 62,6% de la tierra.

Las importaciones agrícolas pasaron, de 1990 hasta 2004, de 700.000 toneladas a más de 10 millones, incluyendo los artículos procesados; los principales perjudicados por la sustitución de bienes nacionales por importaciones fueron los pequeños y medianos productores. Solamente entre 1990 y 1998 las compras externas de maíz, cebada, trigo y soya sumaron 17.879.000 toneladas y las de todos los géneros agrícolas, en el mismo período, más de 26 millones de toneladas. Entre 1990 y 2000, la producción colombiana de trigo por habitante se redujo en 69%, la de arroz en 13%, la de cebada en 87%, la de maíz en 13% y la de papa en 12%,

La política agrícola en Colombia

Las políticas de apoyo al sector agrario colombiano fueron desapareciendo durante el período de aplicación de las reformas estructurales del Consenso de Washington, a comienzos de los 90. En 2001, el presupuesto del Ministerio de Agricultura fue, en términos nominales, la mitad del que estaba establecido en 1996 y en los últimos tres años ha sido inferior al 1% del presupuesto nacional. La iniciativa pública en ciencia y tecnología es el 10% de ese presupuesto, el crédito de fomento desapareció y apenas el 15% del crédito con tasas de interés comerciales se coloca en pequeños productores La principal protección para los productores campesinos y pequeños y medianos empresarios que cosechan para abastecer el mercado interno consiste en los aranceles fijados para algo más de ciento veinte posiciones, acordes con el Sistema Andino de la Franja de Precios, que suman 1.400 millones de dólares al año. En el AFTA está convenido que, al menos en cuanto a las importaciones provenientes de Estados Unidos, tales aranceles serán eliminados. Solamente quedan, principalmente orientados a apoyar las exportaciones, algunos Fondos de Estabilización de Precios. Las ayudas estatales no hacen parte de la política sectorial y se recurre a ellas exclusivamente en situaciones de suma emergencia y en no pocas ocasiones ante las manifestaciones de inconformidad de indígenas, campesinos y productores, reprimidas la mayor parte de las veces con exceso de violencia oficial, con agresiones e incluso muertes.

La experiencia del café colombiano como oportunidad en el libre mercado

La especialización en productos tropicales, que se presenta en el AFTA como una gran oportunidad para los campesinos y productores agropecuarios de Colombia, tiene en el café un triste antecedente. Siendo éste el principal producto de la economía agrícola colombiana, que ocupa en la actualidad el 30% de la fuerza de trabajo rural, el 8% del empleo nacional y el 18% del área cultivada, sufrió serios quebrantos desde la eliminación del Pacto Mundial de Cuotas del Café. Desde entonces se han perdido trescientas cincuenta mil hectáreas sembradas, la producción anual descendió de 16 millones a 11 millones de sacos de 60 kilos, la participación en las exportaciones mundiales cayó de 16% a 9%, desplazada por cafés robustas y de calidades inferiores, y hoy los peores índices de desempleo están en las zonas cafeteras, que, según las Naciones Unidas, vienen mostrando los mayores deterioros en términos de desarrollo humano y calidad de vida, tanto que ya se habla de la presencia de cultivos ilícitos en extensas áreas donde históricamente no existían.

Colombia pasó de ser el segundo exportador mundial a un tercer lugar, desalojado por Vietnam, y ahora, de manera insólita, es seguido por Alemania, país que ya reexporta un volumen casi igual a las ventas anuales externas colombianas de café. El ejemplo de la caficultura, que ha gozado de reconocidas y tradicionales ventajas comparativas en calidad, sirve de enseñanza para las iniciativas comerciales en este tipo de productos tropicales, cuyas ofertas a escala mundial terminan superando la demanda al ser lanzados a este tipo de bienes los productos agrícolas de más de 60 países del mundo con tales características ecológicas. Allí, el mercado escoge por los precios, y, así, se libra una tenaz competencia entre los proveedores de los distintos orígenes para ingresar a él con bajos precios, lo que se traduce en ruina y miseria para todos.

Estados Unidos ha venido acometiendo una calculada estrategia para participar con mayor valor e incidencia en el mercado mundial cafetero, en menoscabo de los países productores y, en particular, de los que benefician las mejores calidades. Para reingresar a la Organización Internacional del Café (OIC), demandó la eliminación de la Resolución 407 de esa organización, que prohibía el comercio exterior de los granos que mostraban alguna proporción de defectos en cada lote y grados de humedad por fuera de los estándares permisibles. Dicha resolución fue sustituida por la 420, que sólo exige que los despachos contengan la clasificación según la calidad, pero no exime de contrato de compraventa a ningún embarque, cualquiera que sea. Ya no es obligatorio inhibirse de comercializar ningún embarque.

Como si lo anterior fuera poco, los negociadores estadounidenses en el AFTA, en la mesa de Normas de Origen, han solicitado la presencia de terceros países en los cafés solubles, tostados y molidos. Eso significa que la industria tostadora norteamericana podría exportar esas mercancías a Colombia, Perú y Ecuador, pero ahora procesadas con café de países centroamericanos, africanos, de Brasil o asiáticos. Es realmente una solicitud inaceptable, que golpea con rigor a caficultores colombianos que hoy surten con un millón y medio de sacos el consumo nacional, como también afecta a la industria procesadora colombiana. Una proposición que crea más problemas de los que resuelve, pero que se enmarca dentro de las características dominantes del libre comercio cafetero, a saber: el incremento en la participación en el mercado de las calidades inferiores, como los robustas y los arábigos no lavados, y la reexportación del 30% del café transado mundialmente desde los grandes mercados hacia mercados subsidiarios, como Alemania lo hace con Europa Oriental o Estados Unidos con Canadá, ganando todavía más en la renta final del negocio y quebrantando la de los países productores.

Casos de productos más sensibles en el TLC

Si bien es innegable la afectación del AFTA a toda la agricultura colombiana, y así lo comprueban estudios del mismo gobierno, existen casos más severos en los cuales las negociaciones han consolidado ya posiciones demasiado desventajosas.

Según el Ministerio de Agricultura, la producción de trigo, cebada y avena está concentrada en los departamentos (regiones) de Boyacá, Nariño y Cundinamarca. Allí un conglomerado humano de 25.000 familias, ubicadas en zonas secas, frías y elevadas, vive directamente de la producción de estos cereales y son el 100% de lo que de ellos todavía se produce en Colombia. Según el mismo Ministerio, en Boyacá el 72,53% está por debajo de la línea de pobreza y 4 de cada 10 personas es indigente, en Nariño la situación es más o menos igual. En la negociación del AFTA ya se acordó que el trigo, la cebada, la avena y todos sus subproductos industriales ingresarán a Colombia desde la iniciación del Tratado con arancel del 0%. Es evidente que dichas familias no tendrán cómo competir con productos que llegarán a precios por debajo del costo de producción.

En el caso del maíz y del algodón sucede algo similar. En la región de Córdoba se origina la mitad del algodón de Colombia y una tercera parte del maíz. Allí la población por debajo de la línea de pobreza es del 72% y más de tres de cada diez personas es indigente. En las negociaciones ya se acordó que el algodón ingresará también sin arancel desde el inicio del AFTA y Estados Unidos aspira a un contingente de más de un millón y medio de toneladas de maíz con arancel cero desde el primer año.

En cuanto al arroz, la producción en riego se hace en más de la mitad del total nacional en la región del Tolima, la que en 2005 presenta, por los fracasos de otros productos como el café, el mayor índice de desempleo de Colombia, 21%. Estudios oficiales insisten en la alta dependencia de esta región de la suerte del arroz. En 40 localidades del Tolima el cultivo del arroz es fuente vital para la economía local.

Las ayudad internas a los productores de Estados Unidos juegan un papel clave en la definición de la competencia en todos estos bienes ya que, en costos por tonelada, con excepción del maíz y la soya, son menores los colombianos que los estadounidenses.

Cultivos ilícitos y libre comercio

En 1992, de 211.700 hectáreas sembradas en hoja de coca, en Colombia había 37.100. A pesar de los esfuerzos y recursos gastados en las políticas antidrogas de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, en 1999 alcanzó a 160.000 hectáreas y en 2005 subsisten 90.000. Esa política, fundada en la aspersión por vía aérea de glifosato en alta concentración sobre más de 1'00.000 hectáreas en los últimos diez años, de desmantelamiento de laboratorios procesadores y de decomisos de embarques, no ha minado el narcotráfico en este país. Las mayor parte de las siembras en 1995 estaban en la región del Guaviare, en 2000 se trasplantaron a la del Putumayo y ahora están en la de Nariño.

Los desastres de la agricultura campesina e indígena mucho tienen que ver con lo ocurrido. Las difíciles condiciones de competencia por la imposición de bajos precios internos para las cosechas, muchas veces por debajo de los costos de producción, con dumping, hacen muy difícil la subsistencia de miles de familias rurales. El 60% de esa producción está en manos de pequeños productores; en la zona suroccidental de Colombia, la que ha presentado mayores niveles de minifundio; están involucradas casi 70.000 familias. Documentos de la ONU, al estudiar la agricultura de las regiones Amazonia y Orinoquia, donde se han cultivado los mayores volúmenes de hoja de coca, muestran que allí las hectáreas de cultivos semestrales o transitorios decayeron en más de 90 mil hectáreas, entre 1990 y 1996, mientras que las de cultivos de hoja de coca, para esos mismas provincias, alcanzaban en 1998 más de 70.000 hectáreas, el 85% de todo el país. Y ratificando lo anterior, en la región de Nariño, en el mismo año 1998, había escasamente 100 hectáreas de coca, pero en diciembre de 2004 ya había 14.200 hectáreas, cerca del 16% del total sembrado.

¿Cuánto más crecerá el cultivo de coca allí con la quiebra del trigo, del cual ahora viven más de una decena de localidades nariñenses? Similar pregunta podría hacerse para el caso del algodón en Córdoba, de la cebada en Boyacá o del arroz en el Tolima.

Conclusiones

Puede concluirse que los impactos del AFTA sobre la agricultura colombiana serán una ampliación de los ocurridos en la primera etapa de liberalización del comercio. AFTA lleva ese proceso a límites extremos. Por consiguiente, lo esperado es el incremento de la pobreza, el desempleo, la concentración mayor en la tenencia de la tierra, la disminución o desaparición de los cultivos de cereales y oleaginosas y de los que hoy abastecen el mercado interno, en muchos de los cuales la ruina no se da por altos costos sino por la competencia desleal que se pactó en la mesa de agricultura. El sector agropecuario queda casi completamente desamparado.

Finalmente, hay evidencia suficiente para suponer un incremento o, al menos, la persistencia en cultivos de hoja de coca y amapola con las secuelas de violencia y desplazamiento que ello trae consigo. La estrategia del gobierno de Colombia de “entregar porciones del mercado interno para alcanzar nuevas porciones en el externo” no es consecuente con la realidad ni con la experiencia vivida en frutos como el café. La relación costo-beneficio del AFTA para el sector agropecuario colombiano es negativa y ello tendrá repercusiones en el resto de la sociedad colombiana en términos de estabilidad social y bienestar general, incluyendo los efectos en materia de dependencia alimentaria al abandonar el cultivo de los productos que componen la dieta básica de la población y especializarse en productos tropicales. Es difícil pensar que la nación y la sociedad de Estados Unidos quieran esto para el pueblo colombiano. No es fácil creer que en las negociaciones no sea un sentimiento solidario el que se esté reflejando.

Muchas gracias.

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